La electrificación total de México acabará con la miseria del pueblo. Josep Renau, 1941, fragmento de la maqueta para el mural concebido para el lobby del Hogar Social de los electricistas de Antonio Caso 45, col. Tabacalera, CDMX.
La 4T y su concepción de 'izquierda'
¿humanismo mexicano?
El caso SME
César Sánchez
miembro de FAU, escritor y crítico cultural.
El siguiente texto busca contrastar la concepción de justicia, desde la visión histórica y vivida de un grupo de mexicanos pertenecientes a la clase trabajadora y que son miembros del Sindicato Mexicano de Electricista democrático —los que reclaman desde hace 16 años, justicia y reparación del daño—, con la concepción de justicia que parece prevalecer en los gobiernos de la 4T (también llamado Humanismo Mexicano).
Los sucesos que pasan ante nuestros ojos son raudos y vertiginosos, ¿por qué se menciona lo anterior?, porque el texto que está a punto de leer aborda, entre otras cosas, la posible aparición de un libro del Expresidente de la República Andrés M. López Obrador con el tema del Humanismo Mexicano; la coartada que puede llegar a ser el aumento de un salario mínimo y los programas sociales para la sociedad mexicana; sobre el Charrismo sindical y su corporativismo, así como, sobre la aplicación de justicia a casos juzgados, como el caso de patrón sustituto resuelto de forma fraudulenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior (SCJN). El primero, ya apareció con el título Grandeza; el segundo, aconteció en pasados días con un precario aumento de salario y una reducción gradual del horario laboral que más que un verdadero benefició a la clase trabajadora, nos da cuenta hacia donde se inclina la 4T; hablando del Charrismo sindical, este se manifestó, como en los mejores años del PRI, el pasado seis de diciembre del presente año en el zócalo de la Ciudad de México gustosos de ser corporativos y la SCJN actual en anteriores días ha admitido el someter a revisión la Cosa juzgada con el fin de determinar bajo qué condiciones se podrá atraer un caso juzgado con carácter de Acción de nulidad de juicio concluido a Casos juzgados fraudulentos. Espero que los miembros y simpatizantes de la 4T, encuentren en el presente texto apreciaciones que beneficien a la clase trabajadora hoy tan olvidada por un supuesto gobierno de izquierda.
Hipótesis de su conceptualización
Al arribo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de la República autonombra su gobierno como «La Cuarta Transformación» (4T); a decir de él mismo, esto se debe a que habían existido tres transformaciones fundamentales en la vida social de nuestro país. La primera, la Independencia de México de 1810; la segunda, el periodo de Reforma de 1855 y, una tercera, la Revolución mexicana de 1910, por lo que AMLO concibió que la 4T sería el gobierno que él presidiría.
Ante tal connotación, muchos nos preguntamos durante por lo menos un par de años del sexenio de AMLO ¿qué era lo que el presidente quería decir cuando afirmaba que su gobierno era la 4T?, pues cuando se habla realmente de una transformación de Estado, esta puede ser de índole económica, política o, si es de una forma más profunda, filosófica; si se considera una transformación de raíz, esto es, si se estaba utilizando la palabra transformación bajo un significado que connotara cambio o modificaciones profundas en lo tocante a sus líneas de transmisión ideológicas o de pensamiento respecto de lo que venía implementándose en el pasado. No obstante, la idea de transformación en algún rubro de su gobierno, no lograba observarse del todo a principios de su administración ¿A qué se refería, entonces, con esa llamada transformación?
En el segundo tercio de su sexenio, nos fuimos enterando de una forma aún no completamente acabada, sobre lo que AMLO llamaba la 4T. En términos generales, era dejar gran parte del organigrama neoliberal como estaba, pero adelgazando al gobierno por medio de una austeridad republicana —AMLO suele representar a esto con la frase «no puede haber gobierno rico con pueblo pobre»—, atacando al mismo tiempo la corrupción. Decía el presidente: «Cómo se barre una escalera, de arriba hacia abajo». Forzar el pago de grandes deudores hacendarios para distribuir lo recaudado a través de programas sociales e infraestructura, equilibrar la participación de privados en el sector energético —46% de privados con hasta el 54% de participación gubernamental–— y dar una batalla cultural con el fin de sumar más legitimidad para su partido-movimiento (MORENA), que para el pueblo en su conjunto. Esto último pensando en la correlación del poder con respecto de los golpes blandos intentados contra en su gobierno, así como para las confrontaciones electorales por venir.
En la tercera parte de su sexenio, el presidente López Obrador cambió o añadió la palabra humanismo a su 4T, tal vez este añadido o cambio en su lema de gobierno se haya desprendido después de lo que arriba mencioné como batalla cultural, pues un punto clave a destacar es que los grandes opositores a su gobierno fueron, en su gran mayoría, los integrantes de la oligarquía nacional: familias propietarias de grandes empresas y concesionarios de medios convencionales de comunicación. Al darse por enterado de ello o ratificando su comportamiento ya como presidente en turno, AMLO asume que la batalla no solamente era política, sino cultural (estética), por lo que lanzar una nueva narrativa opositora a los medios oligárquicos con el fin de capturar los juicios de valor del electorado por medio de la persuasión. Muy cerca del final de su gobierno, AMLO da pasos apresurados con la idea de reforzar el lema de la 4T con lo que da en llamar Humanismo Mexicano.
A decir del presidente Andrés Manuel, así como de sus asesores de contenido e ideología, el Humanismo Mexicano, es aquel que se fundó con los pueblos originarios precolombinos y que ha corrido a todo lo largo de la historia de México y de otras latitudes bajo una directriz que podríamos inscribir, en términos generales, dentro del pensamiento colectivo.
Existen muchos estudios al respecto, y muchos nos dan señales de cuáles fueron los pensadores y sus obras que influyeron en el par de tendencias económicas y sociales que han recorrido gran parte de nuestra historia, con sus contrastes y variantes, las cuales en términos generales son el pensamiento colectivo y el privado. Existen autores que nos ayudan a interpretar que este llamado Humanismo Mexicano de la 4T, corre el peligro de no estar debidamente cimentada en una estructura de pensamiento, pues no tiene un comprobado rigor filosófico o económico que marque una directriz digna de destacar como modelo teórico.
Ahora bien, si este llamado Humanismo Mexicano, toma el sustento de sus argumentos en las obras originarias de nuestros ancestros precolombinos, debemos decir que lamentablemente gran parte de este pensamiento precolombina fue destruido en la Conquista, y aunque existen investigadores que han compilado, rescatado e interpretado importantes documentos, códices o pictogramas de ese periodo, no nos es posible obtener una introspección lineal, como lo sucedido en el Humanismo Italiano de principios del siglo XIV, cuando se opta por volver a los clásicos grecolatinos para reforzar la mentalidad de esa época. Esto último lo menciono sin ningún afán de denostación a los pueblos originarios, si no como un lamento por no tener la película completa, o por llamarla de otra forma, su gramática legible y continua.
Recordemos que el mismo presidente AMLO en alguna ocasión dijo que acabando su sexenio se dedicaría a estudiar las fuentes de este pensamiento en los anales de los grupos originarios en el territorio hoy llamado México, y se entiende que este futuro estudio tendría la virtud, o intentaría ser esa fuente de pensamiento base de este llamado Humanismo Mexicano. En tanto eso suceda, lo que la 4T llama humanismo es ambiguo. Intentando realizar una interpretación propia, lo puedo resumir en líneas de pensamiento de conducta universal, donde se establecen normas éticas como austeridad, justicia, equidad o combate a la corrupción en la implementación de políticas públicas, pues a decir de AMLO y la 4T, son formas de actuar que, de una u otra forma, nuestros ancestros en el territorio hoy llamado México, implementaban habitualmente en su forma de vida. Pero al parecer el tema va más allá de que un simple planteamientos éticos o de conducta, porque es también un planteamiento de índole cultural, ya que más adelante la 4T lo alimentó de una narrativa política con la posibilidad de quitar, del espectro mental del mexicano, los lastres de la Conquista y la Colonia; pues la 4T bien sabe, que de ello parte una suerte de disputa de aspectos relacionados con visiones o posturas en lo netamente político, figurando al colonizador (de mentalidad imperialista-capitalista) y al colonizado o pueblo originario (de tendencia a lo comunal, lo frugal y de gran sentido soberano: preceptos todos estos cercanos a la izquierda más elemental).
La mascarada de los programas sociales
Dado que mi interés en este texto es contrastar el actuar de la 4T o Humanismo Mexicano, respecto de la clase trabajadora, voy a puntualizar a continuación, sin intentar llegar a un desarrollo profundo y sin dejar de ser crítico, lo que desde mi particular punto de vista, el rasero del Humanismo Mexicano está dejando a un lado, perdiendo el foco sobre la forma y trato que se ha tenido con la clase trabajadora, ya sea por falta de rigor teórico, análisis crítico o simple engolosinamiento de poder. Para tal motivo abordaré el tema de «Los programas sociales y el aumento al salario mínimo en los gobiernos de la 4T» como planteamiento base del presente análisis, tema álgido y discutido tanto en sectores de la izquierda como por el conservadurismo mexicano.
En el mes de agosto de 2025 el INEGI dio a conocer que en el gobierno de AMLO se logró sacar de la pobreza a 13.4 millones de mexicanos. El estudio explica que mucho de ello depende de los programas sociales implementados por AMLO en su sexenio, y, además, por haber subido —en acuerdo con el empresariado nacional— en 116.4 por ciento real los salarios mínimos. En primer término, cabe señalar que no estoy en contra de los programas sociales, ni, por su puesto, del aumento al salario mínimo, en lo que estoy en total desacuerdo es en que los programas sociales, como el mismo salario mínimo, se juzguen como la única palanca de desarrollo para dar un rumbo económico sostenido de beneficio para la población de bajos recursos o que vende su mano de obra a una empresa. Pienso, que estos deben ser necesariamente acompañados por programas más valientes, por ejemplo, ampliar los programas sociales a una renta básica universal y, en paralelo, impulsar la democracia y la independencia en los sindicatos, dejando atrás la grosera utilidad y control que se tiene de los organismos obreros a través del vetusto y anacrónico corporativismo del Estado. Al elegir como única herramienta de transformación económica a los programas sociales y al alza de salarios mínimos bajo control total del Estado mexicano (paternalismo), se corre el riego de que el poder adquisitivo de la población trabajadora en México no sea más que cosmético y menor, en contraste con las necesidades de justicia laboral, social y equilibrio económico con respecto de su contraparte; el empresariado nacional. Además, se debe señalar que los trabajadores quedan en la incertidumbre y expuestos a los avatares inconmensurables que depara un sistema democrático, pues al darse cambios de gobierno más inclinados al sector empresarial, la población más desprotegida e integrantes de la clase trabajadora, corren el riesgo de perder tanto los programas sociales, como los aumentos programados de salario mínimo desde la Presidencia. El Estado mexicano debería ampliar sus miras y servir como árbitro o mediador de la lucha de clases, mediante reformas y vigilar la aplicación efectiva del derecho positivo, así como nivelar la balanza de la justicia de una forma más equitativa entre el trabajador y el empresariado. Otro aspecto importante es que el Estado debe impulsar la creación de sindicatos y la democratización de estos con toda la intensión de desaparecer el charrismo —más aún cuando nos encontramos gobernados por un supuesto movimiento de izquierda—. Una propuesta en este sentido es que ahora que el gobierno de la 4T está impulsando una reforma electoral a escala federal, por qué no incluir en esta reforma que los procesos electorales sean vigilados y arbitrados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, respetando las bases electorales estatutarias de cada organismo sindical. Si se están estableciendo bases democráticas más sólidas para los procesos electorales entre partidos políticos, ¿por qué no ayudar a que la clase trabajadora tenga elecciones más dignas en sus organismos?, de esta forma se estaría vigorizando la creación de contratos colectivos y aumentos salariales, en los que el rango de ganancias entre el empresario y el trabajador, sea mediante el libre contraste de propuestas y acuerdos buscando puntos medios. Esta sería una mejor forma de posibilitar una prospectiva y un bienestar económico para las familias trabajadoras y, todo lo que esto conlleva.
Por otra parte, tanto los programas sociales como el aumento al salario mínimo —herramientas que debemos recordar el INEGI designó como las principales políticas económicas que sacaron a 13,4 millones de mexicanos de la pobreza— corren el riesgo de ser utilizados por el gobierno en turno, como una mascarada para no buscar mejorías económicas, laborales y sociales entre la población mexicana, con esto quiero decir que ante cualquier protesta legítima de sectores desprotegidos u organizados, el Estado podría escudarse tras estos programas que sirven solo como paliativos económicos, cuando sabemos que el poder adquisitivo y el equilibrio justo entre trabajador y empresario dista mucho de tener una perspectiva al alza entre la población mexicana; en gran parte del mundo los trabajadores se quedan con el 51% de las ganancias netas de la empresa y el 49 % es para los dueños del negocio. En México, en promedio, el 35% se queda con los trabajadores y el resto con el propietario de la empresa. Solo en Panamá y Trinidad y Tobago, se distribuyen en menor proporción las ganancias de una empresa que en los trabajadores de México.
En una presentación de un libro de una prestigiada escritora y dramaturga, en donde hubo asistencia de opinadores y escritores de tendencia 4T, de forma muy casual la presentación se situó en el tema de la clase trabajadora del pasado y la actual, y en el momento que se llegó a la actualidad mexicana y se tocaba la crisis del sindicalismo actual, de manera espontánea más de un par de asistentes y la misma autora que presentaba su libro, al unísono expresaron “Primero los pobres, la lucha de clases queda afuera por el momento”. Esta expresión, rezada a varias voces al unísono, parecía que era una frase que se venía repitiendo en reuniones o dentro del círculo más cercano a la cúpula del poder de la 4T. Una pregunta que no puedo dejar de hacer es: ¿fue esta frase dicha al unísono un mandato de Andrés Manuel López Obrador? Lo anterior contradice, de alguna u otra forma, la promesa de campaña de AMLO, cuando dijo que en su gobierno la democracia iba a instaurarse en todos los ámbitos de la vida pública mexicana, porque en el sindicalismo, hasta el día de hoy, no es así.
En correlación con lo anterior, los historiadores y pensadores cercanos a la 4T realizan disertaciones sobre lo que para ellos es el Humanismo Mexicano —explican, reflexionan o analizan en torno a él—, y es precisamente cuando nos damos cuenta de que insospechadamente omiten todo el periodo de la Revolución Industria, el surgimiento del proletariado y las argumentaciones que cambiaron la forma de ver a la clase trabajadora desde los socialistas utópicos hasta la visión más acabada, filosóficamente hablando, realizada por Marx y Engels. Esta columna vertebral para la izquierda de un par de siglos a la fecha, el Humanismo Mexicano la pasa de frente, cual si no hubiera existido, cual si no hubiera influido en nada con respecto del momento político en donde se encuentran hoy.
El SME, siempre al encuentro de la Justicia
En este punto es inevitable tomar como ejemplo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una agrupación con más de un centenar de años de experiencia, el cual ha tenido momentos extraordinarios como la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro —tema que abordaré más adelante—, momentos antidemocráticos y otros en los cuales la sombra del corporativismo los acechó. Es meritorio destacar que en tanto en México recorría 70 años de priismo autoritario y antidemocrático, el SME era un cuerpo social robusto, funcionando con democracia plena y servicio a la nación. Más del 70% de su trayectoria sindical transitó en sano distanciamiento con el Estado, a tal grado que el SME logró un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) modelo para varios sindicatos a escala internacional, a través de sus propias pugnas, refriegas o la utilización legítima del emplazamiento a huelga, consiguieron a lo largo de los años, mejoras sociales y salariales para sus agremiados, al punto que el CCT conquistado por el SME y sus demandas de aumentos salariales —antes de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro—, eran el modelo a seguir por otros sindicatos. Lo anterior es una muestra, a escala nacional, de cómo la lucha de clases, clara, frontal y modulada por el Estado a través de sus instituciones, códigos y leyes correspondientes, pueden llegar a ser la mejor forma para implementar o aplicar las máximas que circundan al llamado en para la sociedad mexicana, y dejar de lado el nefasto protectorado implementado por el actual gobierno al sector privado, así como, el paternalismo patético confeccionado para la clase trabajadora en estos tiempos de la 4T.
«Salud y Revolución Social» fue el primer lema que el SME hizo suyo desde su fundación el 14 de diciembre de 1914. Enarbolar la salud para la clase trabajadora de principios del siglo pasado, era un tema ineludible de subsanar para las clases desprotegidas de esos años, más aún cuando la materia de trabajo comprendía un riesgo muy alto en sí, y ¿qué podemos decir de la segunda parte de su lema fundacional? «Revolución social». No podemos dejar pasar desapercibido que la fundación del SME se dio en el contexto de la Revolución Mexicana y, que si bien, el campo de acción revolucionario se dio en mayor medida en el sector campesino, la clase trabajadora percibe que ese era el momento idóneo para involucrarse de lleno dentro de las consignas proclamadas por la Revolución Mexicana, por lo que la frase «Revolución social» era un lema que posibilitaba aparejar la lucha del proletariado con el sector campesino levantado en armas, cuestión tan anhelada por los hermanos Flores Magón ¿Y qué es el estallamiento de una revolución si no la búsqueda de justicia por otros medios?
Cuando el derecho positivo, indolentemente corrompido por las clases privilegiadas, lo dejaron inservible para el pueblo, como un instrumento que va en contra de los postulados más sentidos y naturales de un consenso en torno a un supuesto contrato social, no existe más vías que buscar hacer justicia alternamente a ese derecho positivo trastocado —acto de humanismo sin lugar a dudas— y de no resultar lo anterior, no hay más salida que la revuelta social, dicho esto en sus diferentes actuaciones y acepciones. El SME, a través de más de un siglo de existencia, ha transitado por algunas de estas, y su misma fundación fue contra las normas establecidas por el gobierno de esos años, pues en tanto en ningún código de México se reglamentaba aún los sindicatos; el momento trascendental que vivía México, en conjunto con la orientación que dio La Casa del Obrero Mundial (COM) —de su primera época—, impulsó a que varios grupos de trabajadores, entre ellos los electricistas, se conformaran como sindicato. La fundación del SME fue un primer acto en la búsqueda de justicia, no de derecho. A tres o cuatro meses de su fundación, el SME emplaza a huelga a las empresas Telefónica Ericsson, Telégrafos de México y Mexican Ligt and Power, Co., sin darle el mínimo de importancia a que tales actos en búsqueda de justicia fueran sustentados por el derecho, estallan las tres huelgas, con resultados positivos; segundo acto en la búsqueda de justicia, no de derecho. Año de 1916, el SME, en conjunto con otros sindicatos, la COM y organismos obreros, emplazan a una huelga general al gobierno de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, aun sin sustento jurídico alguno para reglamentar un sindicato y, menos aún una huelga. El líder electricista Ernesto Velasco Torres, es encarcelado y enjuiciado a pena capital, en espera de cumplir su condena dentro de la cárcel de Lecumberri, Venustiano Carranza ordena se den garantías para que el papel moneda fuera tasado sobre la base del valor del oro, y así, el papel moneda, que era usado por el pueblo mexicano, no perdiera su valor debido a los constantes cambios sufridos por la Revolución, cuestión que era pugna central del estallamiento de la huelga; no obstante Carranza no dirime de la pena capital a Ernesto Velasco. Al tiempo que se transitaba por reuniones para promulgar una nueva Constitución Política. Ante la presión al gobierno de Carranza por medio de consignas, mítines y marcha extendidas en todo el territorio nacional en defensa del líder obrero electricista Ernesto Velasco, en medio de estos, se promulga la Constitución Política de 1916 con la inclusión del artículo 123, y meses más tarde se libera al electricista líder de la Huelga General de 1916; tercer acto en la búsqueda de justicia, no de derecho. Año de 1936, ahora con un nuevo lema que reza «Por el Derecho y la Justicia del Trabajador», y bajo actos contingentes en contra del derecho a huelga —ejemplo de ello el precedente inexcusable de fallar por la invalidez del estallamiento a huelga de los ferrocarrileros, aun con el general Lázaro Cárdenas en el poder—, los electricistas del SME se lanzan en la búsqueda de justicia para la clase trabajadora. En diez días de huelga logran conquistar uno de los CCT más vanguardista no solamente para ellos, sino para toda la clase trabajadora en México, pues habría que recordar que ese CCT se tomó como pauta a seguir por muchos organismos obreros, acción que cimbró a toda la clase empresarial extranjera afincada en la nación mexicana; cuarto acto en la búsqueda de justicia, no de derecho. Año de 1952, después de más de diez años de sobajamiento por un líder charro avalado por el partido en el poder, el SME se moviliza, logrando derrocar a ese líder charro llamado José Rivera Rojas. Sin ningún sustento jurídico de por medio, la movilización de la mayoría del SME se convirtió en el mejor argumento para hacer valer, ante el Estado mexicano, su supremo interés por rescatar su organismo sindical de las garras de un charro corrupto. Hasta el día de hoy, la movilización que más tarde se le llamaría Movimiento de Verónica es la primera registrada en el sindicalismo mexicano que logró tirar a un charro sindical bajo la fuerza de la democracia; quinto acto en la búsqueda de justicia, no de derecho. Año de 1999, Ernesto Zedillo presidente de México, intenta reformar el 27 y 28 constitucionales con el fin de abrir el sector energético a privados, ante ello el SME se moviliza; entre otros actores políticos y sociales, Andrés Manuel López Obrador marcharía al lado de los electricistas del SME. Aun con ofrecimientos ofensivos y amenazas al líder de esos años del SME, Rosendo Flores, y con el respaldo del poder de movilización social de varios sectores del pueblo mexicano, el SME le pone cara, en defensa de la soberanía energética a Zedillo, el cual opta por guardar su pretendida reforma al medir la dimensión de la movilización social impulsada por el SME; sexto acto en la búsqueda de justicia, no de derecho, acto de humanismo que repercutió, sin lugar a duda, en beneficio de la nación mexicana. Año de 2022, ante el empeño y solicitud de justicia de los electricistas democráticos del SME despedidos por la extinción de empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), agrupados en el Frente Amplio de Unidad (FAU) conducido por su líder histórico Rosendo Flores —Frente en el cual se encuentra la gran mayoría de integrantes del SME, acción derivada por la infame traición y sectarismo de Martín Esparza—, AMLO decide hacer justicia mediante un Decreto Presidencial en que los electricistas que tenían una antigüedad de 19 años y seis meses, al momento de la extinción de LyFC, se les diera una Compensación por Justicia Social, una ayuda económica conseguida cuando ya no existía relación laboral alguna con una empresa del Estado, sino como mero acto de humanidad y justicia a un sector de trabajadores agraviados e infamados por Felipe Calderón, medios de comunicación, comentócratas y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior: séptimo acto en la búsqueda de justicia, no de derecho. ¿Acaso no es un acto de justicia la reparación de un daño a una persona o grupo que ha sido agraviado en su humana condición? El SME democrático, reunido en la FAU, invita a la 4T y al pueblo en general a conocer el Humanismo del SME, que contra todo lo negativo que se piensa de un sindicato, ha sido propagador de las mejores causas obreras y ejemplo de solidaridad entre hermanos de clase.
¿Qué más cercano al humanismo existe que la búsqueda de justicia social?
Debo hacer una acotación al respecto de las Compensaciones Vitalicias por Justicia Social. Han pasado casi cuatro años de que AMLO decidió crear el Decreto Presidencial y es el día que no se ha conseguido concretar al 100% el programa; en la primera etapa entraron más de 7,000 compañeros, faltando 1,363. Después de casi cuatro años no se han concretado ni una sola compensación, y es que los electricistas democráticos congregados en el FAU, después de haber pasado un sexenio y un año de gobiernos de Morena, observamos que algún sector de la burocracia, y algunos altos mandos de la 4T, no son congruentes con los postulados inscritos en sus estatutos partidarios, ni con los argumentos esgrimidos por su líder moral, AMLO, menos, por su puesto, con eso que ellos llaman Humanismo Mexicano. Debemos sumar a la infame tardanza de la aplicación de un Decreto Presidencial promulgado por su líder moral, el que instituciones del gobierno se han hecho de oídos sordos en lo tocante al ingreso a trabajar de compañeros que quedaron desamparados y no entraron en el grupo que fue beneficiado por las Compensaciones Vitalicias por Justicia Social —personas que buscan rehacer su proyecto de vida con la expertise que desarrollaron en años de trabajo en el sector—. Además, hay tardanza en actuar e investigar la corrupción rampante, la fragante antidemocracia y la violencia sistemática que actualmente se vive con la dirección de Martín Esparza y el comité central que lo acompaña. Lo anterior, avalado con pruebas aportadas por el mismo SME democrático a la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Ante las insospechadas posturas de las instituciones de gobierno arriba señaladas, y la repentina cerrazón de los que creímos leales a nuestra lucha —pues debemos recordar que el SME ha tenido relevante participación y momentos de solidaridad importantes con AMLO y Morena, aun antes de que éste fuera presidente y el Movimiento un partido en el poder, respectivamente—, hemos decidido tocar las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impulsados un tanto porque hemos apoyado todo el proceso de democratización que recientemente ha tenido la institución, pero también, debido a las declaraciones que ha realizado el presidente magistrado Hugo Aguilar Ortiz, tanto en su campaña como ahora que ha asumido el puesto de presidente magistrado de la SCJN, esto es: «que la finalidad de la Corte elegida por el pueblo más allá de impartir derecho, es otorgar justicia a sectores de la población mexicana que fueron injustamente damnificados por la Suprema Corte de Justicia neoliberal anterior». En el SME, agraviado por la SCJN anterior, en lo que respecta a no atender nuestra demanda y declarar ilegal el decreto emitido por Felipe Calderón para desaparecer a LyFC y, por otra parte, por no fallar a favor del Patrón Sustituto en CFE, beneficio de los trabajadores injustamente despedidos, pensamos que tenemos una última posibilidad por encontrar justicia para la familia electricista en el poder judicial actual, pues creemos que es un poder que puede equilibrar la balanza respecto de la visión que actualmente tiene presidencial y las instituciones que coordina.
Aprovechando el espacio de apertura que está teniendo de la SCJN para escuchar a toda persona o grupos agraviados, el SME democrático, de un par de meses a la fecha, aporta pruebas documentadas de todos los agravios cometidos tanto por los gobiernos panistas, priistas y morenistas, como por empresas privadas y del mismo espurio líder charro que actualmente usurpa las siglas del SME.
La situación a cada día que pasa, se hace más insostenible para la familia electricista, debido al cúmulo de agravios y 16 años de injusticias pues, y ahora que estamos en posibilidad de que la SCJN pueda hacer justicia al SME democrático, algunas instituciones como la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y medios de comunicación convencionales, se pronuncian en contra de abrir algunos casos específicos que ya son «cosa juzgada», como lo propone, de hecho, el magistrado presidente Hugo Aguilar Ortiz, y en los que pueden entran, precisamente, los dos casos mencionados anteriormente y que el SME democrático, así como varios abogados democráticos e independientes, han señalado que la anterior SCJN violó el debido proceso y torció el derecho para dar una sentencia corrupta y a favor del Estado mexicano corruptor.
En tanto, el gobierno federal anuncia inversiones por 23,400 millones de dólares en el sector eléctrico, lo cual nos hace entender que es un momento oportuno para levantar la mano y pedir el reingreso laboral de nuestros compañeros que no han tenido visto beneficio alguno. En contraparte, semanas más adelante, la directora de la CFE Emilia Esther Calleja, sorpresivamente ofreció a la iniciativa privada su participación en el sector.
Las mismas declaraciones recientes que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha hecho recientemente son verdaderamente desconcertantes, al señalar que los trabajadores de la CFE fueron los que defendieron el sector eléctrico nacional, cuando todos sabemos que el SME fue el que dio la cara por la defensa del sector energético nacional, y reforzando este desconcierto, la CFE intercambió este pasado 27 de septiembre Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, por el día de La Trabajadora y Trabajador Electricista. Y se pudiera pensar ¿qué de malo hay en ello?, el caso es que existe una doble ofensa en ello: los integrantes del SME democrático que aún pueden ofrecer sus servicios como «Trabajadora y Trabajador Electricista» no tienen trabajo, además de que se elimina la celebración de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, cuando no hay momento más significativo, históricamente hablando, para el SME democrático en la actualidad que la histórica defensa que dio por la soberanía energética en el año de 1999, estos son elementos que inevitablemente dan señales negativas a los electricistas con 16 años en espera de justicias.
En los primeros días de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se pronunciara la palabra presidenta con ‘a’, refiriéndose a que «lo que no se nombra no existe», de esta misma forma, el SME democrático pide, de forma cordial, se nombre y no se desaparezca de la historia de nuestro país. Dejar que el SME desaparezca, no solamente es dejar perder todo lo anteriormente narrado, sino que se estaría admitiendo perder un patrimonio histórico, político-sindical, de gran valía para las batallas culturales por venir en contra de la derecha, a favor de lo que llaman Humanismo Mexicano, pero que, para los miembros del SME democrático, no es más que el ir siempre y testarudamente al encuentro de la justicia para el trabajador.
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