Fernández Menéndez y Julio Sherer Ibarra, de entrada atacan, cual si fueran a cobrar una venganza, las Compensaciones por Justicia Social; un instrumento que AMLO en conjunto con Rosendo Flores —representante, actualmente, de la mayoría de militantes del SME— crearon para procurar justicia a los trabajadores injustamente despedidos por un decreto impulsado por el presidente espurio Felipe Calderón, con el cual justifico la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), plagado de injusticias, apoyado en falsos argumentos, como en obscenas inconsistencias para cualquier derecho procesual que se digne de hacer justicia.

Por una parte, habría que hacerles saber a los autores del libro que, en tanto las Juntas Federales había dado un fallado favorable de los trabajadores injustamente despedidos para obtener el Patrón Sustituto, meses después —ya con el gobierno de Peña Nieto—, de una forma que raya en el clasismo en contra de este sector de sindicalistas, la Suprema Corte neoliberal y corrupta con argumentos de grosera inconsistencia y faltos de una lógica argumentativa del derecho más elemental, fallo en contra del Patrón Sustituto.

Los señores autores, tal vez no podrán comprender nunca el porqué los miembros del SME democrático están pidiendo sea revisado, por la actual SCJN, el par de casos arriba señalados con el fin de que sean atraídos y se anule el Juicio Concluido bajo la figura de Cosa Juzgada Fraudulenta o, poder someter este par de casos bajo la Ley General de Víctimas, bajo un argumento positivo de justicia y derecho: que las víctimas y el pueblo en su conjunto tiene el derecho a saber la verdad. Pues están acostumbrados a moverse en el terreno del coyotaje del derecho, no trabajar por procurar justicia para el que realmente lo necesita.

Ante una decisión que arrojo a la calle a más de 44,000 trabajadores, y, ante una justicia presa de juicios corruptos y a favor tanto del poder económico como político, las Compensaciones por Justicia Social es un instrumento de grandes miras para hacer justicia social, la cual, en lugar de injuriar, los autores, debería de elogiar.

 

Dos argumentos más en defensa de las Compensaciones por Justicia Social; Se debe decir que los trabajadores que fueron beneficiados por las Compensaciones tenían derecho a jubilación y a liquidación, esto de acuerdo a su Contrato Colectivo de Trabajo acordado entre las partes y vigente para esos años y, en lo que respecta a los 27 mil millones de pesos que se gastaran del presupuesto público —hasta el 2086—, se debe contrastar que el último presupuesto dado a LyFC en el año de 2009 —año de la extinción de LyFC—, fue de 28 mil millones de pesos y, sospechosamente al año siguiente —sin trabajadores de LyFC—, aumento a 63 mil millones de pesos, hasta llegar a ser de 182 mil millones de pesos en 2024, dinero que fue repartido en más de 10 mil empresas contratistas nacionales y extranjeras disfrazadas de CFE. Por ello los trabajadores injustamente despedidos después de más de 16 año están pidiendo —con justa razón—, la creación de una nueva empresa en el mismo territorio que daba servicio LyFC.

Los autores mencionan que la decisión de otorgar las Compensaciones por Justicia Social a los trabajadores injustamente despedidos del SME, ‘intervino’ en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Tal aseveración es de una inconsistencia brutal, la cual deja ver lo mal informados que están los autores o que su investigación no es lo debidamente profesional —ojo aquí, Editorial Planeta—. Para poder orden a tantas falacias, no tengo más que apuntar una cronología puntual de los sucesos de injusticia más relevantes —que tachan en lo inusitado—, por los que han pasado los trabajadores injustamente despedidos del SME en 16 años de búsqueda de justicia, intentaré ser breve:

 

Martín Esparza Flores, secretario general espurio del SME, tres meses antes del golpe bruto del 11 de octubre de 2009, recibe, por parte de Felipe Calderón, una concesión para operar televisión restringida en Atotonilco de Tula y una notaría como primer soborno para administrar el movimiento de resistencia que surgiera de su ilegal decreto. Esta fecha de quiebre para todos los miembros del organismo sindical, marcaría el rapto del que sobrevendrían todas las tropelías que este pseudo sindicalista ha hecho en contra de las familias electricistas y de la nación mexicana. Enlisto algunas a continuación, aclarando que son tantas que se me podría escapar alguna: pactó con Calderón el despido de más de 40,00 trabajadores y el cierre de LyFC en tanto más de 9,000 empresas de outsourcing tomaron control del área en que daba servicio LyFC; Simuló una resistencia para obtener no menos de 40 empresas y ser socio del Grupo Atlacomulco y Mota-Engil, los que en conjunto espolean un parque de energía eléctrica a través de una empresa llamada Grupo Fénix, todo a costa de la ruina y dinero propiedad de los miembros del SME, pues los dividendos de esta sociedad son opacos e injustamente prorrateados y 701 personas son las beneficiadas con trabajo, de las 44,000 despedidas; Esparza Flores funge como patrón y líder sindical al mismo tiempo, contraviniendo la Ley Federal del trabajo; él, su comité, amigos y familiares, recibieron liquidaciones y rentas vitalicias millonarias como sobornos por parte del gobierno de Calderón; renta y lucra con instalaciones pertenecientes al SME y al gobierno mexicano sin dar cuenta de ello, ejemplo de esto son las granjas de criptomonedas por medio de las cuales roba energía eléctrica, evade impuestos, lava dinero y no da cuenta a nadie de las ganancias obtenidas en el minado de criptomonedas; desfalcó una cooperativa conformada con dinero de miembros del SME; dejó llegar a subasta administrativa el edificio histórico de la calle de Antonio Caso 45, colonia Tabacalera, por falta de pago patronal en el IMSS, uno de los primeros edificios de estilo funcionalista en México, diseñado por el prestigiado arquitecto Enrique Yáñez y, dentro del cual, se encuentra el mural Retrato de la burguesía, del artista David Alfaro Siqueiros; golpea y expulsa, anti estatutariamente, a quienes piensan diferente a él; nombra ‘concejos electorales’ a modo (el INE corrupto de Esparza), escudándose en la Ley Federal del Trabajo y reformando cláusulas estatutarias electorales en periodo de cuarentena de COVID-19, avalados contrariamente a lo mandatado por la STPS cuando era presidida por Luisa María Alcalde, de esta forma Martín Esparza simula ser, ante la opinión pública, un gran demócrata, cuando la urna electoral es custodiada por diez días y noches por un consejo electoral fiel y nombrado por él, no dejando entrar a representantes opositores que observen, bajo un padrón controlado por él y no dejando entrar a votar, ni ser votado a miembros expulsados contra-estatutariamente por él, ejemplo de lo anterior es junio de 2020, cuando la Secretaria del Trabajo, presidida por la misma Luisa María Alcalde, contra todos los pronósticos, le entregó la toma de nota de su elección a modo a Esparza, aun con todas las agravantes antidemocráticas expuestas a la vista, bajo impugnaciones y denuncias formales ante dicha Secretaria, se juzgó a favor de la corrupción y en contra del orden democrático. Después de todas estas tropelías hechas por Martín Esparza, en alianza con priistas y panistas, el SME terminó por fragmentarse, es por esto que AMLO siempre se refería en las mañaneras a que el SME había sido el sindicato más democrático en México; AMLO sabía quién era Martín Esparza, por lo que sugirió que para ayudar a los electricistas injustamente despedidos sería conveniente que sus antiguos dirigentes salieran en ayuda de estos. Manuel Fernández, Jorge Tapia, Pedro Castillo y Rosendo Flores, (ex secretarios generales), en compañía de la mayor parte de exmiembros del comité central, se unifican para ayudar en gestionar y procurar justicia a sus compañeros en desgracia conformando el Frente Amplio de Unidad.      

 

Podría seguir con el historial de crimen de Martín Esparza que sospechosamente defienden los autores  ¿Acaso habrá sido su asesor para la realización del citado capítulo? Por otra parte, también podría seguir refutando las incongruencias escritas en esas cuatro o cinco cuartillas que dio a conocer la revista Proceso de su libro “Ni venganza, ni perdón”, pero no creo conveniente, pienso, que sería más útil para todos el que los autores designaran un día, lugar y hora para llevar a cabo un debate abierto con al menos un par de miembros del SME democrático, con el fin de informar la verdad de las Compensaciones por Justicia Social a la población mexicana y se terminará, de una vez por todas, de humillar y revictimizar a los trabajadores injustamente despedidos que, después de 16 años, aún se encuentran peleando por justicia, trabajo y las faltantes de Compensaciones por Justicia Social que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que después de cuatro años de promesas no han sido otorgadas al 100% de sindicalistas que lo merecen.    

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